Recientes acontecimientos han puesto de actualidad una pregunta que muchos políticos llevaban tiempo haciéndose: ¿hay que regular las Redes Sociales? Mientras los expertos consideran que las leyes españolas ya regulan la libertad de expresión y los delitos que pueden emanar de su ejercicio, varios grupos políticos piden una revisión del Código Penal para especificar estos posibles abusos en la Red.Internet es un imparable gigante. Cuando se acerca a las dos décadas desde que se popularizó y se empezó a implantar de forma masiva en los países occidentales, algunos gobiernos empiezan a buscar la forma de reinventar la Red. Mientras Estados Unidos plantea crear un Internet de dos velocidades en el que se pueda pagar por obtener mayor velocidad de servicio, Turquía prohíbe Twitter y YouTube y, en una posición más tibia, España se plantea regular el uso de las Redes Sociales.
Tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, algunos individuos celebraron en las redes sociales, especialmente en Twitter, este deplorable suceso. Cualquier persona pensaría que quien se alegra de la muerte ajena se está retratando a sí mismo, pero el Gobierno y otros grupos políticos han decidido tomar cartas en el asunto, pese a que este no es un asunto nuevo. Así, hasta tres personas han sido detenidas en los últimos días por «apología de la violencia». El asunto está generando bastante polémica, con expertos que alertan de las consecuencias que tendría una regulación de las redes sociales para la libertad de expresión.
Lo cierto es que no se trata de una novedad: muchos personajes populares han cerrado sus cuentas de Twitter debido a las amenazas de muerte que han recibido por distintas facetas de sus vidas. Es el caso de actores como Santi Rodríguez, amenazado de muerte por declarar en televisión que era católico, la humorista Eva Hache, quien fue amenazada con ser apuñalada a la salida del teatro en el que actuaba, la política Elena Valenciano, quien abandonó la red social cuando empezaron a amenazar a sus hijos o periodistas como María Escario, Ana Pastor o Juanma Castaño. Y esto sólo en España, pero es un fenómeno mundial, con víctimas de toda índole y de varios países.
La pregunta es, ¿resulta realmente necesario regular las redes sociales o las leyes españolas ya contemplan estos supuestos? Algunos políticos, incluso dentro de los partidos que proponen una revisión de las leyes, piensan que estos supuestos ya están contemplados, como es el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Gobierno. Los expertos, por su parte, abogan por dejar las leyes como están y, simplemente, apelar a la responsabilidad de cada uno y a la ley cuando sea necesario, pues los delitos lo son independientemente del medio en el que se produzcan. Los artículos 169, 170 y 171 del Código Penal español regulan las amenazas como delito. En los artículos 208, 209 y 210 se regulan las injurias, y en el artículo 211 se dice que «la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante«. El artículo 578 regula el enaltecimiento del terrorismo, indicando, asimismo, las palabras «por cualquier medio de expresión pública o difusión».
Si bien ningún artículo habla específicamente de las redes sociales, éstas son entendidas como un medio de difusión, por lo que se regularían bajo estos artículos sin necesidad de realizar ningún cambio. Tanto si un usuario injuria a otro como si le amenaza de forma pública o privada, enaltece actividades terroristas, incita a cometer delitos o menoscaba la fama y reputación de personas vivas o muertas, las leyes españolas dan cobertura a estos hechos en la actualidad. Aunque una regulación centrada concretamente en las redes sociales eliminaría todo atisbo de duda, ¿qué aportaría en realidad?